San Lázaro aprueba ley que redefine la inteligencia en seguridad pública
En un Salón de Plenos expectante y con una agenda cargada de tensiones legislativas, la diputada federal Jessica Saiden, presidenta de la Comisión de Seguridad Ciudadana, presentó con firmeza el dictamen que da vida a la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública, una propuesta que marca un punto de inflexión en la forma en que el Estado mexicano articula sus capacidades de prevención y reacción ante la criminalidad, sin transgredir el marco legal ni los derechos fundamentales.
Ante 368 votos a favor, la legisladora del grupo parlamentario de Morena defendió con claridad que no se trata de una vuelta al pasado, sino de una apuesta por un Estado inteligente, coordinado y democrático. A través de su intervención, subrayó que esta ley es resultado de una obligación constitucional derivada de la reforma al artículo 21 de la Carta Magna, publicada el 31 de diciembre de 2024, y que no implica un retroceso en materia de libertades, sino un avance técnico y ético en la construcción de paz.
El proyecto aprobado establece un sistema interoperable, diseñado para integrar información estratégica de las autoridades de los tres órdenes de gobierno. Lejos del viejo paradigma centralista y punitivo, la nueva ley propone un modelo preventivo, colaborativo y regido por principios de legalidad, proporcionalidad y transparencia, evitando así los excesos que marcaron experiencias pasadas de vigilancia estatal.
Jessica Saiden fue categórica: «No se interceptarán comunicaciones privadas, no se recabarán datos biométricos ni se instaurará un esquema de espionaje sin controles judiciales», dijo desde la tribuna, en respuesta anticipada a los señalamientos sobre posibles riesgos a la privacidad. El dictamen, afirmó, garantiza la protección de datos personales bajo estricta supervisión institucional.
En el corazón de la propuesta se encuentra el propósito de anticipar fenómenos criminales de alto impacto como el secuestro, la extorsión, la trata de personas y los homicidios relacionados con el crimen organizado. “Se trata de dotar al Estado mexicano de herramientas técnicas modernas y no de más poder discrecional”, recalcó Saiden, mientras solicitaba el respaldo unánime de sus colegas.
Para afianzar las garantías constitucionales, se incluyó una adenda con adecuaciones legales que refuerzan los candados institucionales y afinan los mecanismos de supervisión, asegurando que el sistema opere bajo un estricto marco de legalidad y nunca como instrumento de persecución política o abuso institucional. La legisladora también aclaró que no se contempla el regreso del polémico Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil.
A diferencia de intentos pasados fallidos por falta de legitimidad o por prácticas autoritarias, este modelo se presenta como una plataforma de colaboración que permite generar inteligencia operativa sin vulnerar los derechos humanos, una condición que responde tanto a estándares internacionales como a la exigencia ciudadana por seguridad con responsabilidad.
Con este paso legislativo, el Congreso no solo cumple con una obligación constitucional, sino que envía un mensaje contundente: la seguridad no está reñida con la democracia. La aprobación de esta ley refuerza el compromiso de la Cámara de Diputados con un Estado que no espía, sino que actúa con inteligencia y legalidad para proteger la vida y el patrimonio de la población mexicana.
