Por Juan Pablo Ojeda
El Congreso de la Ciudad de México recibió una nueva propuesta legislativa conocida como la “Ley Karla”, impulsada por la diputada América Alejandra Rangel Lorenzana, del Partido Acción Nacional (PAN), con el objetivo de fortalecer el derecho a la libre expresión y evitar que ciudadanos particulares sean sancionados por emitir opiniones políticas en redes sociales.
La iniciativa busca reformar el marco legal relativo a la violencia política de género, delimitando su aplicación exclusivamente a casos entre actores políticos, y excluyendo a ciudadanos sin cargo público de posibles sanciones por ejercer su derecho a la crítica.
El caso de Karla Estrella
La propuesta nace a partir del caso de Karla Estrella, una ama de casa que fue sancionada por violencia política de género luego de publicar en la red social X (antes Twitter) una crítica a la supuesta candidatura de la esposa del diputado Sergio Gutiérrez Luna, a quien señaló de influir políticamente en dicho proceso.
El Instituto Nacional Electoral (INE) resolvió que su comentario constituía violencia política de género, y le impuso una serie de sanciones, incluyendo una multa, una disculpa pública durante un mes, la lectura obligatoria de bibliografía de género, y su inscripción por 18 meses en el Registro Nacional de Personas Sancionadas.
El caso desató un amplio debate en redes sociales y medios de comunicación, donde se cuestionó si la sanción vulnera la libertad de expresión de los ciudadanos y establece un precedente peligroso en materia de censura.
¿Qué plantea la “Ley Karla”?
Durante la presentación de la iniciativa, Rangel Lorenzana aseguró que la legislación vigente ha sido “desvirtuada” y utilizada para intimidar y censurar voces críticas, incluso de mujeres, pese a estar diseñada para su protección.
“La violencia política de género fue creada para proteger a mujeres del poder político, no para silenciar a ciudadanas. En sistemas autoritarios se sanciona a quien expresa opiniones; no podemos permitir que eso ocurra en México”, declaró la diputada.
La iniciativa propone que solo servidores públicos, funcionarias, candidatos o personas con actividad política comprobada puedan presentar denuncias por violencia política de género, dejando fuera a la ciudadanía en general.
Rangel hizo un llamado a defender las libertades civiles y preservar el derecho a criticar al poder público, subrayando que las redes sociales han transformado el debate democrático y no deben convertirse en espacios de criminalización.
Camino legislativo
La “Ley Karla” fue turnada a la Comisión de Igualdad de Género del Congreso capitalino, donde será analizada y dictaminada. De aprobarse, representaría un cambio significativo en la aplicación de la figura de violencia política de género, con un impacto directo en la relación entre autoridades electorales y ciudadanía.
