Por Juan Pablo Ojeda
El Congreso de la Unión aprobó, con 444 votos a favor, reformas legales que otorgan a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y a la Guardia Nacional amplias facultades para acceder a bases de datos personales y registros sensibles, tanto públicos como privados. El dictamen fue enviado al Senado para su análisis y posible ratificación.
Las reformas autorizan la consulta de información biométrica, datos bancarios, fiscales, telefónicos, catastrales, de transporte, salud, propiedad, comercio y telecomunicaciones, con la justificación de “extraer indicios e información útil para generar productos de inteligencia”, todo bajo control judicial.
Críticas y rechazo de la oposición
Legisladores de partidos como el PAN, Movimiento Ciudadano y una fracción del PRI calificaron el proceso legislativo como “atropellado” y advirtieron sobre la instauración de un “peligroso modelo de vigilancia estatal”. La diputada Claudia Ruiz Massieu (Movimiento Ciudadano) señaló que, aunque se eliminó el registro obligatorio de usuarios de líneas telefónicas, la concentración de información sigue en manos del gobierno, lo que consideró “una modificación engañosa”.
Nuevas estructuras y acceso sin precedentes
Las reformas crean la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial y establecen el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), que operará con una Plataforma Central de Inteligencia interconectada con sistemas federales y locales. Esta plataforma tendrá acceso a la Plataforma Única de Identidad, que contiene registros de población, desapariciones y búsqueda de personas, y deberá estar operativa en 180 días.
Asimismo, la Guardia Nacional adquiere facultades explícitas para realizar tareas de inteligencia e investigación en materia de seguridad pública, aspecto que ha generado cuestionamientos por parte de expertos en derechos humanos y privacidad digital.
Obligaciones para gobiernos estatales y fortalecimiento del Consejo Nacional de Seguridad
Las leyes establecen que gobiernos estatales y municipales deben liderar “mesas de paz”, implementar programas de prevención del delito y profesionalizar sus cuerpos policiales. Además, el Consejo Nacional de Seguridad Pública podrá cancelar recursos federales a estados y municipios que incumplan acuerdos, pudiendo reintegrar dichos fondos a la Tesorería de la Federación.
En el ámbito penitenciario, se ordena instalar equipos para bloquear señales de celular y radiocomunicación, con el fin de impedir actividades ilícitas dentro de los centros de reclusión.
“Ley Espía” y Ley Antilavado: debate encendido
Mientras el bloque oficialista (Morena, PT y PVEM) defendió las medidas como herramientas para combatir el crimen organizado, la oposición las calificó de amenazas a la democracia y los derechos individuales.
En paralelo, el Senado aprobó la Ley Antilavado, que permitirá monitorear a Personas Políticamente Expuestas (PPE) e investigar movimientos financieros sospechosos sin orden judicial, lo que ha sido criticado como una posible “herramienta de persecución política”. La senadora del PRI, Anabel Ávalos, advirtió que estas reformas buscan “amedrentar a quienes piensan distinto al régimen”.
Futuro y desafíos
Aunque las reformas avanzaron en el Congreso, su implementación requerirá desarrollo institucional y recursos técnicos significativos. La Plataforma Central de Inteligencia deberá estar lista antes de fin de año, mientras que el debate sobre el equilibrio entre seguridad y privacidad seguirá siendo un tema clave en la agenda política y social del país.
