Por Bruno Cortés
¿Te imaginas que alguien robe medicamentos de un hospital y que, por eso, termine en la cárcel casi toda su vida? Bueno, esa es justo la idea que están planteando algunos diputados en el Congreso. Esta semana, el Partido Verde, liderado por Carlos Puente Salas, presentó una iniciativa que, en pocas palabras, busca castigar con todo el peso de la ley a quien se pase de listo con los insumos del sector salud.
Y no están jugando. La propuesta contempla penas que van desde los 50 hasta los 80 años de prisión, dependiendo de qué tan grave sea la tranza. Porque no es lo mismo robar un par de medicamentos para revenderlos, que retrasar con dolo la entrega de vacunas o, peor aún, que por ese acto alguien termine muerto. Así de serio es el asunto.
Pero, ¿por qué tanto escándalo? Porque no estamos hablando de robar un celular o hacer trampa en una licitación cualquiera. La corrupción en salud no solo afecta el presupuesto, afecta vidas. Si se roban medicinas, si se usan productos caducos, si hay doctores sin cédula atendiendo, todo eso pone en peligro la vida de miles de personas. Es corrupción que mata, literal.
La iniciativa propone reformar tres leyes claves: la Ley General de Salud, la Ley General de Responsabilidades Administrativas y el Código Penal Federal. Por ejemplo, se plantea agregar un nuevo capítulo a la Ley de Salud donde se establezcan con claridad los delitos por corrupción en el sector. También quieren meter mano en el Código Penal para que estos delitos se consideren delitos contra la salud, y así aplicarles castigos más severos.
¿Y las sanciones? De no creerse. Si alguien trafica con medicinas sin permiso, podría ir a la cárcel entre 50 y 70 años, y además pagar multas millonarias. Si se demuestra que obtuvo un beneficio (como dinero o favores) por corrupción, podría ir hasta 40 años a prisión. Si alguien resulta dañado en su salud por esa corrupción, la pena sube hasta 60 años. Y si alguien muere… ahí sí, los castigos suben a 80 años. Prácticamente una cadena perpetua.
Además, si el corrupto es funcionario público, se le quitaría el cargo y se le inhabilitaría de por vida. Si se trata de una persona vulnerable —como un menor, un adulto mayor, alguien con discapacidad o indígena—, entonces las penas se duplican.
El fondo del asunto es claro: el Congreso quiere mandar un mensaje duro y directo. Robarse cosas del sector salud ya no va a ser un “pecadito” administrativo, sino un crimen con todas las letras. Porque la salud no se toca, no se negocia, y mucho menos se vende en el mercado negro.
La iniciativa ya fue turnada a la Comisión de Justicia, donde se discutirá más a fondo. Pero desde ya marca un precedente: se acabó la impunidad para quienes se aprovechan del sistema de salud.
Ahora, falta ver si esta propuesta se convierte en ley, y más aún, si logra cambiar una realidad donde —hay que decirlo— la corrupción en hospitales, clínicas y farmacias públicas ha sido, por años, pan de todos los días.
