Por Juan Pablo Ojeda
En un fallo sin precedentes, una corte civil del Undécimo Circuito Judicial del Condado de Miami-Dade, Florida, sentenció al exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, y a su esposa, Linda Cristina Pereyra, a pagar una suma conjunta de 2,488 millones de dólares como restitución al Gobierno mexicano. La sentencia, dictada el 22 de mayo de 2025, responde a un esquema de contrataciones ilegales que desvió millonarias cantidades del erario mexicano hacia una red de corrupción con ramificaciones internacionales.
La periodista Peniley Ramírez, en entrevista con Azucena Uresti, detalló que García Luna deberá pagar 748 millones de dólares, mientras que Pereyra enfrentará una sanción de 1,740 millones. “Es el dinero que se considera que robaron al Gobierno mexicano junto con otros conspiradores, en un esquema ilegal en el que se hicieron contratos con el Gobierno. Buena parte de ese dinero terminó lavándose en Miami”, explicó Ramírez, autora de Los millonarios de la guerra.
La demanda civil, presentada el 21 de septiembre de 2021 por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), expuso cómo, bajo el liderazgo de García Luna, un conglomerado empresarial familiar obtuvo 30 contratos con diversas dependencias de seguridad pública en México. Estos contratos, según la UIF, permitieron la extracción de 745.9 millones de dólares, recursos que fueron transferidos a Estados Unidos utilizando paraísos fiscales para ocultar su origen ilícito. Los fondos se emplearon para adquirir bienes muebles e inmuebles en Florida, consolidando una sofisticada red de lavado de dinero.
La UIF identificó a los principales involucrados en este esquema de corrupción, además de García Luna y Pereyra, como: Mauricio Samuel Weinberg López, Jonathan Alexis Weinberg Pinto, Sylvia Donna Pinto de Weinberg, Natan Wancier Taub, José Francisco Niembro González y Martha Virginia Nieto Guerrero de Niembro. Todos fueron incluidos en la Lista de Personas Bloqueadas el 24 de diciembre de 2019, tras detectarse su participación en la red.
El fallo de la corte de Miami representa un triunfo para el Gobierno mexicano, que recuperará los recursos defraudados como parte de la demanda civil. Este caso pone en evidencia la magnitud de la corrupción durante la gestión de García Luna como titular de la Secretaría de Seguridad Pública (2006-2012) bajo el gobierno de Felipe Calderón, así como su impacto transnacional. Además, refuerza los esfuerzos de la UIF por desmantelar redes de lavado de activos y recuperar recursos públicos.
La sentencia llega en un contexto de alta relevancia política en México, donde la lucha contra la corrupción y la impunidad sigue siendo una demanda central de la ciudadanía. Mientras tanto, la sociedad mexicana espera que este caso marque un precedente para futuras investigaciones sobre desvíos de recursos públicos y fortalezca la cooperación bilateral con Estados Unidos en materia de justicia.
