Por Juan Pablo Ojeda
Desde Palacio Nacional, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, lanzó una dura advertencia: el sistema judicial está permitiendo la liberación o el beneficio de presuntos criminales a través de decisiones que, en muchos casos, contradicen los criterios de seguridad del propio gobierno.
Con cifras en mano, Harfuch informó que casi 200 determinaciones judiciales —193 para ser exactos— han favorecido a operadores de grupos delictivos, ya sea con traslados, cambio de medidas cautelares o egresos definitivos. Esto ha ocurrido desde que comenzó la administración de Claudia Sheinbaum como presidenta de México.
El funcionario detalló que entre octubre de 2024 y abril de 2025, se registraron 164 egresos por cambio de medida cautelar y dos egresos definitivos, es decir, liberaciones absolutas. Además, se autorizaron 27 traslados a centros de mínima seguridad, incluso cuando los internos estaban acusados por delitos como secuestro, homicidio o portación de armas de fuego.
Uno de los casos más señalados es el del juez Gregorio Salazar Hernández, quien, según Harfuch, ha dictado resoluciones que beneficiaron a personajes ligados a el Cártel de Sinaloa, el Cártel del Golfo y redes de corrupción. Entre los ejemplos más notorios:
-
El 24 de abril de 2025, autorizó el traslado de Gerardo Ponce Alanís, miembro del Cártel de Sinaloa, al penal de Aguaruto, donde días después se encontraron drogas, armas y dinero.
-
En enero de 2023, ordenó la liberación de Mario Alberto Cárdenas Medina, sobrino de Osiel Cárdenas Guillén.
-
En marzo de 2024, dictó no vinculación a proceso para La Pingua, operador del Cártel del Golfo.
-
En noviembre de 2024, revocó la prisión preventiva a El Contador, también familiar de Osiel Cárdenas.
Aunque la Fiscalía General de la República (FGR), encabezada por Alejandro Gertz Manero, ya había anunciado en diciembre pasado que iniciaría acción penal contra el juez Gregorio Salazar, Harfuch subrayó que no es un caso aislado.
También acusó a otros jueces como Silvestre Peña Crespo, de Guanajuato, quien firmó cinco resoluciones de traslado para personas procesadas por secuestro y corrupción de menores; Enrique Hernández Miranda y Aníbal Castro, ambos de Sonora, responsables de 58 y 15 resoluciones, respectivamente, a favor de presuntos criminales.
En total, 26 presuntos operadores del crimen organizado fueron liberados en este periodo. Las organizaciones a las que pertenecían incluyen al Cártel de Sinaloa, Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Cártel del Golfo, la Familia Michoacana y Los Rojos.
El mensaje es claro: mientras las fuerzas de seguridad intentan contener la violencia y desmantelar estructuras delictivas, una parte del sistema judicial parece estar jugando del otro lado. La advertencia de Harfuch reabre un debate urgente sobre la necesidad de reformar el Poder Judicial, un tema que ha sido insistente en el discurso de la presidenta Sheinbaum.
