Por Bruno Cortés
En el Congreso a veces parece que no pasa nada… hasta que de pronto todo pasa al mismo tiempo. Así está pintando el panorama que dibuja Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados, quien anunció que se está cocinando un solo periodo extraordinario para junio que traerá un paquete de al menos nueve leyes. Sí, nueve de un jalón.
Entre las que se quieren meter al horno legislativo están dos de seguridad, cuatro relacionadas con la reforma judicial, otra más sobre la Guardia Nacional, el nuevo Código de Procedimientos Penales y la largamente esperada ley de desapariciones. Esta última, dice Monreal, está pendiente de que se cierre bien el diálogo entre la Secretaría de Gobernación y los colectivos de madres buscadoras. O sea, hay voluntad, pero también sensibilidad política, porque este tema no se puede improvisar.
Ahora bien, la joya que muchos trabajadores y sindicatos tienen en la mira es la reforma de la jornada laboral de 40 horas semanales. Aunque todavía no hay fecha exacta para su votación, Monreal adelantó que si el tiempo alcanza, se intentará colar en este mismo periodo extraordinario. Si no, pues ni modo, será tema para otro periodo especial o hasta el arranque del nuevo ciclo legislativo en septiembre. Lo importante es que el tema está vivo, y no es solo por presión popular: la presidenta Claudia Sheinbaum ya lo incluyó en su lista de compromisos y le puso fecha límite —antes de 2030.
Eso sí, la implementación sería gradual, para que el cambio no colapse a las empresas ni cause más problemas de los que resuelve. Por eso, la Secretaría del Trabajo ya convocó a mesas de diálogo que inician a finales de este mes con empresarios, sindicatos, expertos y académicos. Se busca que el dictamen que ya existe —resultado de un parlamento abierto que se hizo en la Cámara— sea el punto de partida, pero enriquecido por todos los sectores. En resumen, se quiere evitar una reforma al vapor y más bien lograr un consenso real, algo que, en tiempos políticos tan polarizados, ya es decir bastante.
Por otro lado, y con un tono más firme, Monreal dijo que ve viable llamar a comparecer a varios funcionarios clave para que den la cara sobre el tema del huachicol: Rosa Icela Rodríguez, Omar García Harfuch y el fiscal Alejandro Gertz Manero están en la lista. Aclara que aún no es una convocatoria formal, pero sí es una propuesta que llevará a su grupo parlamentario y después al resto de coordinadores. La idea, dice, es que el Congreso tenga información directa de cómo se están manejando las operaciones criminales en el país, no solo lo que sale en los comunicados.
Y mientras eso ocurre, el periodo de receso legislativo no será precisamente para descansar. Con nueve leyes en el tintero, una posible reforma laboral en camino y comparecencias en puerta, lo que se viene en el Congreso no será poca cosa. Porque cuando hay voluntad política, la maquinaria legislativa se mueve rápido… al menos en papel.
