Por Juan Pablo Ojeda
En un contexto de especulación y preocupación por presuntas restricciones a la libertad de expresión, José Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital, salió al paso y aclaró con firmeza que la reforma a la Ley de Telecomunicaciones busca democratizar el acceso a la información, no censurar contenidos.
Durante una sesión informativa, el funcionario explicó que la iniciativa, actualmente en evaluación, se enriqueció mediante consultas ciudadanas y un foro en el Senado, y ahora contempla medidas para fortalecer radios comunitarias, indígenas y afrodescendientes, además de derechos de audiencias. El artículo 109, que generó alerta por permitir suspensiones de plataformas, fue eliminado: “No tenía intención de censura, sino de naturaleza fiscal”, aseguró Peña Merino, resaltando que la reforma está pensada para garantizar el acceso y no limitar contenidos.
Otro eje central de la propuesta es la creación de una Comisión Reguladora de Comunicaciones independiente, conformada por cinco comisionados nombrados por el Ejecutivo y ratificados por el Senado. Esta nueva entidad gestionará concesiones y espectro, siguiendo parámetros técnicos y operativos, mientras que la Comisión Nacional Antimonopolio revisará casos de preponderancia.
La reforma también define al Estado como prestador de servicios de Internet, a través de:
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Concesiones comerciales que compitan con operadores privados.
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Concesiones de uso público, para ampliar cobertura social, conectividad gubernamental y acceso gratuito en espacios públicos.
Algunos puntos destacados incluyen:
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Prohibición de propaganda política extranjera en radio y TV, salvo contenidos culturales, deportivos o turísticos.
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Prohibición de pautas publicitarias pagadas en plataformas digitales.
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Defensores de audiencias integrados en medios audiovisuales.
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Distinción obligatoria entre noticia y opinión.
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Inclusión de personas con discapacidad y perspectiva de género.
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Descuentos por despliegue de infraestructura (antenas, redes).
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Fomento de redes comunitarias con interconexión y tarifas asequibles.
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Regulación de patrocinios locales hasta el 3% en radios comunitarias y asignación de 1–10% del presupuesto de comunicación social a medios comunitarios.
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Planes para el retiro y soterramiento de cables en desuso.
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Simplificación de trámites para la instalación de infraestructura de telecomunicaciones.
El propósito, explicó Peña Merino, es simple: garantizar que todas las personas tengan acceso a Internet y a medios de comunicación, promover un sector más equitativo, inclusivo y competitivo, así como impulsar la inversión.
La presidenta Claudia Sheinbaum respaldó estos avances y afirmó que “en México no existe censura”. Subrayó que los medios críticos siguen ejerciendo su derecho a réplica y libre expresión, desmintiendo cualquier intento de coartar sus voces.
En resumen, esta reforma apunta a ser un marco más justo, accesible y moderno para las telecomunicaciones en México, acompañada de garantías para los usuarios y medios que ahora podrán formar parte activa del sistema.
