Por Bruno Cortés
En pleno receso legislativo, mientras la mayoría de los mexicanos están distraídos con la Eurocopa, el calorón o las vacaciones de verano, en la Cámara de Diputados se está cocinando una reforma que podría cambiar de forma silenciosa cómo nos informamos, qué escuchamos en la radio, qué vemos en la tele y qué leemos en internet. Y no, no es exageración. Por eso el diputado Rubén Moreira, coordinador del PRI, salió con los guantes bien puestos y lanzó una advertencia que suena fuerte: «Hoy es un día triste para México, porque están atentando contra la libertad de prensa.»
¿De qué va todo esto? El Senado aprobó una nueva Ley en materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión que básicamente echa por la borda la ley anterior. Dicen que es una “actualización” para adaptarse a los tiempos digitales, pero según Moreira y su bancada, lo que están haciendo en realidad es debilitar la libertad de expresión y meterle mano a los medios de comunicación de una forma preocupante.
Moreira lo explicó sin rodeos: esta reforma no solo contradice la Constitución, también pone en riesgo los acuerdos internacionales que México firmó, especialmente el T-MEC, el tratado comercial con Estados Unidos y Canadá. En pocas palabras, nos podemos meter en un problemón diplomático.
Una de las cosas que más ruido está haciendo es la creación de un nuevo organismo: la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones. A primera vista suena bien, parece un regulador técnico, como lo fue la antigua Cofetel. Pero según el PRI, esto es solo fachada. Esta nueva comisión no sería autónoma, sino un órgano directamente controlado por el gobierno, y eso, dicen, viola el T-MEC y prende las alertas de censura.
“Nos están dando atole con el dedo”, dijo Moreira, en referencia a la forma en que el gobierno quiere vender la reforma, incluso a los socios internacionales. La crítica más fuerte es que esta nueva estructura le quitaría independencia a los medios y abriría la puerta a que el gobierno diga qué es noticia y qué no. Eso suena a control de contenidos, y sí, a censura.
Otro de los temas polémicos está relacionado con la nueva CURP biométrica, que incluiría fotografía y huellas digitales. Aunque el gobierno lo justifica como una medida para combatir la desaparición de personas, Moreira advierte que esto le pega a las libertades individuales y se salta lo que dice la Constitución: que el acta de nacimiento y la credencial de elector son los únicos documentos válidos para acreditar identidad. ¿Entonces por qué imponer una nueva CURP con datos biométricos? Según el PRI, esto suena más a control del ciudadano que a protección.
Y por si fuera poco, hay otro elemento que parece sacado de una serie distópica: la llamada Llave MX, una plataforma digital para autenticarse en servicios del gobierno. Suena futurista, pero Moreira la calificó de “pueril”, argumentando que en un país donde el crimen organizado hace y deshace, pensar que una clave digital va a frenar delitos es una ingenuidad peligrosa.
Pero más allá del tecnicismo y el debate legal, lo que se está jugando aquí es algo más de fondo: ¿queremos un país donde el gobierno pueda decidir qué se puede decir y qué no? ¿Donde los medios deban pedir permiso para informar? ¿O donde cada ciudadano tenga que entregar sus datos biométricos solo para estar en regla?
Lo que Rubén Moreira dejó claro en su conferencia, acompañado de diputadas y diputados del PRI, es que esta batalla todavía no se acaba. Advirtió que el debate seguirá durante el día, y que su partido votará en contra con la convicción de estar defendiendo la libertad de prensa y los derechos constitucionales.
Por ahora, toca estar atentos. Porque mientras el Congreso decide, lo que está en juego no es solo una ley técnica, sino el derecho que tenemos todos a estar informados sin filtros, sin miedo y sin control gubernamental.
