Por Bruno Cortés
En México, hablar de salud sexual y reproductiva en adolescentes sigue siendo un tema delicado, pero urgente. Por eso, la diputada Petra Romero Gómez, del partido Morena, quiere que el país dé un paso serio y concreto para prevenir embarazos en menores de edad. Tras participar en una reunión del Parlamento Latinoamericano y Caribeño (Parlatino), propuso que México adopte un modelo de ley regional que ya está dando de qué hablar en América Latina: la Norma Marco para la Prevención de Embarazos en la Adolescencia.
Según la legisladora, este instrumento puede servir como base para crear una ley específica en México —porque aunque tenemos la ENAPEA (Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes)— aún no existe una legislación que ataque de fondo el problema. Esta ley regional no solo promueve la educación sexual y la planificación familiar, también pone sobre la mesa los derechos reproductivos de los adolescentes, un enfoque que se necesita con urgencia.
Hoy por hoy, las estadísticas en México siguen siendo preocupantes. Aunque la tasa de fecundidad en adolescentes ha bajado (de 72.4 a 60.3 nacimientos por cada mil adolescentes entre 2015 y 2023), aún hay miles de niñas y jóvenes que enfrentan embarazos no planeados, con consecuencias que marcan sus vidas para siempre. La ENAPEA tiene como meta que, para 2030, no haya nacimientos en niñas de 10 a 14 años y que se reduzca a la mitad el número de embarazos en chicas de 15 a 19. Pero eso, dice la diputada, no se logrará sin una ley clara y con dientes.
Romero también insiste en que los servicios deben tener enfoque comunitario, integral, con perspectiva de género y con respeto a los derechos humanos. Es decir, no basta con repartir folletos; hay que formar al personal de salud, garantizar acceso a anticonceptivos, incluir psicología, educación, y sobre todo, hablar del tema sin prejuicios.
En el encuentro del Parlatino, no solo se habló de embarazos adolescentes. También se discutieron temas como el “impuesto rosa”, la protección a niños migrantes no acompañados, la cooperación regional para garantizar derechos de la niñez y la adolescencia, y la necesidad de crear políticas públicas que vayan más allá del discurso.
La diputada subrayó que, además de tener un sistema como el SIPINNA (que coordina las políticas para niñas, niños y adolescentes), México debe comprometerse en serio a ver a las y los adolescentes como sujetos de derechos, y no solo como futuros ciudadanos. Eso implica apoyarlos con leyes, educación sexual sin tabúes, programas familiares, y un entorno libre de violencia y discriminación.
Todo esto forma parte de un esfuerzo regional donde México, desde su papel en el Parlatino, ha sido históricamente un actor importante. Y aunque falta mucho camino por recorrer, la propuesta de Petra Romero podría convertirse en el primer paso para que, en vez de castigar o estigmatizar, el país empiece a proteger y prevenir desde la raíz.
